La tentación política de ser juez y parte

Hoy he tenido una conversación interesante con Pepe Morán, sobre la situación actual de los inspectores médicos (informo que yo soy uno de “ellos”, aunque mi carrera me ha alejado de las funciones de evaluación y control).

Hemos comentado la mala prensa que siempre ha tenido la inspección entre los de la bata: decían aquello de que un médico clínico era un “facultativo”, y un médico inspector era un “dificultativo”. Pero, al igual que los fiscales (que no son simpáticos) hay una serie de funciones que alguien debe realizar, y que además deben ser hechas correctamente.

Pero desde hace muchos años (y cada vez más), se notan los costes de interferencia del nivel político sobre la función inspectora. Inevitable: nadie quiere inspeccionar los problemas que el mismo debería haber evitado; como mucho, una inspección interna, a modo de radar para detectar peligros que pueden venirle de fuera. O peor aún: puede ser instrumentalizada como un recurso a inhibir (a los amigos no se les molesta), o a activar (a los adversarios e indiferentes, “el reglamento vigente”). Suena esto al tema de la independencia del Ministerio Fiscal (tema tampoco resuelto, aunque ya quisieran los inspectores médicos un nivel similar de autonomía en el ejercicio de su función).

Y el tema entra de lleno en los debates de BUEN GOBIERNO. Obviamente, en último término la Inspección Sanitaria debe depender de alguna instancia política; pero no es lo mismo rendir cuentas al Parlamento, o a un Consejo de Gobierno de un Servicio Regional con un estatuto y reglamento de la función inspectora, que estar en la situación actual donde son simples funcionarios que desarrollan funciones encomendadas desde la autoridad política e institucional de las Consejerías y Servicios Regionales de Salud. Lo mismo que no es lo mismo que el “defensor del paciente” sea nombrado por los Parlamentos o por las Consejerías.

¿Debate retórico?... Recomiendo leer la querella de Montes contra Lamela (donde recuerda todo el proceso donde se acusó a un grupo de médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés, de malpraxis por sedaciones a pacientes terminales con resultado de muerte – homicidios-) para ver cómo se puede desde el poder político promover una causa general por razones ideológicas y de conveniencia política (con la vergonzosa contribución de un inspector médico en el grupo asesor de choque que alistó el Consejero). Todo este caso nos recuerda la importancia de la seguridad jurídica… y que menos mal que aún existe la separación de poderes (imperfecta como toda obra humana, pero funcionante), porque si no, estos médicos estarían posiblemente en la cárcel o en la calle.

Qué pena que de estos temas fundamentales no se hable en los pactos por la sanidad (en sus distintos escenarios y variantes). No entienden que los pactos de estado son precisamente para hablar de reglas de juego, de calidad democrática, de normas éticas y de manejo de conflictos de interés…