Ayer se reunieron radiólogos, analistas, inmunólogos y microbiólogos de Madrid, preocupados por la externalización de estos servicios en los nuevos hospitales de Madrid, a favor de entidades o empresas (¿públicas?) que van a prestar estos servicios para el conjunto de dichos hospitales.
Lo que significa desde el punto de vista de la ciencia gestora es claro: los servicios centrales pasa a considerarse como un suministro de servicios que se separa del núcleo clínico de producción, y que por tanto se aparta de la “cadena de valor” propia del sector (entrando en la categoría de servicios hosteleros y generales). Un salto de enorme atrevimiento y osadía, que desatiende aspectos técnicos evidentes (por ejemplo, la necesidad de interacción presencial con el paciente en muchas técnicas), no da respuesta a la clara necesidad de interacción cotidiana entre clínicos y analistas (lo que está relacionado con la calidad asistencial), y pone en riesgo la colaboración para docencia e investigación.
A esto, los profesionales implicados añaden una clara sensación de maltrato: por el fondo (analistas como “churreros” y radiólogos como “fotógrafos”) y por la forma; ayer claramente se veía un daño a la autoestima, y una irritación con compañeros y organizaciones (sindicatos médicos, colegios profesionales...) que ante esta situación responden con un silencio clamoroso.
Defender esta medida desde la economía del sistema sanitario es controvertido: al externalizar los servicios centrales, se disipa el papel de “feed-back” negativo (acción del analista como consultor y modulador de la demanda de los clínicos) y estos servicios tienden a actuar como “feed-back” positivo, estimulando la demanda (servicio pedido = servicio facturado). Por eso, aunque las grandes empresas mega-servicios pudieran por economías de escala reducir costes unitarios de algunas pruebas, es casi seguro que el coste total aumentaría, pues sería inevitable la inducción de un uso excesivo e inapropiado.
No es fácil entender porqué la Consejería de Sanidad se mete en estos territorios tan poco recomendados desde las perspectivas técnicas y gestoras. La ausencia o debilidad de explicaciones (no basta con recurrir a argumentos tecnológicos o de modernidad), hace que cunda la sensación de que existen intereses particulares que están alterando la brújula de los decisores públicos. Lamentable situación de ser cierta para el Servicio de salud de Madrid.
Lo que significa desde el punto de vista de la ciencia gestora es claro: los servicios centrales pasa a considerarse como un suministro de servicios que se separa del núcleo clínico de producción, y que por tanto se aparta de la “cadena de valor” propia del sector (entrando en la categoría de servicios hosteleros y generales). Un salto de enorme atrevimiento y osadía, que desatiende aspectos técnicos evidentes (por ejemplo, la necesidad de interacción presencial con el paciente en muchas técnicas), no da respuesta a la clara necesidad de interacción cotidiana entre clínicos y analistas (lo que está relacionado con la calidad asistencial), y pone en riesgo la colaboración para docencia e investigación.
A esto, los profesionales implicados añaden una clara sensación de maltrato: por el fondo (analistas como “churreros” y radiólogos como “fotógrafos”) y por la forma; ayer claramente se veía un daño a la autoestima, y una irritación con compañeros y organizaciones (sindicatos médicos, colegios profesionales...) que ante esta situación responden con un silencio clamoroso.
Defender esta medida desde la economía del sistema sanitario es controvertido: al externalizar los servicios centrales, se disipa el papel de “feed-back” negativo (acción del analista como consultor y modulador de la demanda de los clínicos) y estos servicios tienden a actuar como “feed-back” positivo, estimulando la demanda (servicio pedido = servicio facturado). Por eso, aunque las grandes empresas mega-servicios pudieran por economías de escala reducir costes unitarios de algunas pruebas, es casi seguro que el coste total aumentaría, pues sería inevitable la inducción de un uso excesivo e inapropiado.
No es fácil entender porqué la Consejería de Sanidad se mete en estos territorios tan poco recomendados desde las perspectivas técnicas y gestoras. La ausencia o debilidad de explicaciones (no basta con recurrir a argumentos tecnológicos o de modernidad), hace que cunda la sensación de que existen intereses particulares que están alterando la brújula de los decisores públicos. Lamentable situación de ser cierta para el Servicio de salud de Madrid.
